Sección de Arqueología
Colegio oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Valencia y Castellón
Trabajar en el campo de la arqueología en la provincia de Valencia viene siendo, desde hace años, una batalla continua contra la administración de Cultura. Los plazos de respuesta de la misma a las solicitudes de autorización para llevar a cabo cualquier intervención arqueológica no sólo llegan al límite legal de los tres meses, sino que en muchas ocasiones los supera, sin que los responsables de los servicios de patrimonio tomen decisión alguna que ponga fin a esta situación. Este tiempo de espera que la administración justifica por la falta de personal, supone para el promotor, constructor, arquitecto, arqueólogo y demás profesionales que participan en cualquier proyecto constructivo un perjuicio económico y profesional incalculable.
A ello cabe añadir la lista de requerimientos, imposiciones metodológicas y paralizaciones de proyectos y obras cuya decisión suele depender de uno o dos técnicos cuyo punto de vista personal y subjetivo se impone a la lógica del trabajo y a la experiencia profesional de un colectivo que supera con creces el número de técnicos de la administración ante los cuales debe ceder. El resultado es la creación de falsos históricos, de intervenciones arqueológicas innecesarias en edificios contemporáneos, etc. y un descrédito cada vez mayor hacia el arqueólogo profesional que acaba siendo el culpable del retraso de las obras ante promotores, constructores y la ciudadanía, en general.
Si nos ceñimos al ámbito de la ciudad de Valencia, nos encontramos ante una vuelta de tuerca más. Desde que el pasado mes de enero de 2021 la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport otorgara el reconocimiento como Servicio Municipal de Arqueología al Servicio de Investigación Arqueológica Municipal (SIAM), la situación se ha vuelto tan insostenible que algunos profesionales con amplia experiencia y reconocimiento en el campo de la arqueología han decidido no trabajar en la ciudad. Los motivos son muchos y justificados.
El reglamento de actuaciones arqueológicas deja bien claro en su artículo 15 que las competencias de este Servicio no son otras que las de supervisar, informar, mantener actualizada la carta arqueológica municipal y asesorar, además de ser depositarios de los materiales resultantes de las excavaciones urbanas. Nada más y nada menos.
Sin embargo, nos encontramos con que está imponiendo formatos de entrega de memorias e informes arqueológicos, de fotografías y planos; que exige la entrega de los materiales en embalajes con tipología y medidas concretas; que la revisión de dicho material para su depósito la está llevando a cabo personal no cualificado para ello; que no tiene espacio de almacenamiento; que pretende imponer codirecciones arqueológicas a cualquier profesional que lleve a cabo una actuación en la ciudad de Valencia; que exige la entrega de documentación en papel; que publica artículos e incluso libros referidos a excavaciones que están en marcha y de las que dicho servicio no ostenta la dirección, etc. Y todo ello contraviniendo la normativa vigente.
Lejos del punto de vista del consistorio valenciano y de algunos responsables de la Conselleria de Cultura, el reconocimiento del SIAM como servicio municipal de arqueología no ha sido una prioridad para el colectivo de arqueólogos profesionales; y nos consta que tampoco lo era para algunos de los miembros de la concejalía de Cultura. Sabíamos de las carencias de personal, de material, de presupuesto y de espacio que existían y que siguen existiendo. Personal subalterno, becarios y trabajadores temporales contratados gracias a los programas de subvenciones para el fomento del empleo no deberían ser motivo suficiente para un reconocimiento de esta índole en el que está en juego no sólo el trabajo de profesionales sino, además, el estudio y la protección de un patrimonio tantas veces utilizado para salir en la foto.
