CÓDIGO DEONTOLÓGICO

CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE LA PROFESIÓN DOCENTE

Unas palabras previas

Los colegios profesionales y la sociedad a la que sirven están sometidos actualmente a cambios acelerados que les afectan profundamente, y el Consejo General de Colegios de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias no es, por supuesto, una excepción. Uno de los puntos en los que este proceso se manifiesta más claramente es el código deontológico. Evidentemente, el Consejo General disponía ya de un código deontológico, aprobado en 1996, pero las circunstancias de cambio social que se han producido desde entonces aconsejaban una actualización.

Una vez tomada la decisión por el Pleno, este nombró una comisión formada por José Luis Magro, decano de Asturias, y Manuel Romero, decano de Galicia, y presidida por Alejandro Tiana. En julio de 2010 la comisión ya había finalizado su trabajo, que fue presentado como primicia en el transcurso de la VI Escuela de Verano de Almagro.

Su lectura produjo una impresión muy positiva a todos los consejeros presentes, ya que el texto, además de responder a las actuales necesidades de la educación, satisface una serie exigencias que, por obvias, no debemos dejar de mencionar: la brevedad y la concisión, que facilitan el recuerdo, asimilación y cumplimiento de cualquier tipo de norma, y el estilo llano y la claridad del lenguaje.

El proyecto se envió a los consejeros para su estudio antes de someterlo a la aprobación del Pleno. No se presentaron enmiendas, y el texto fue aprobado el día 6 de noviembre en el Pleno celebrado en la capital andaluza con motivo del primer centenario del Colegio de Sevilla y Huelva.

Es, pues, una gran satisfacción expresar públicamente el agradecimiento de todos los decanos presentes en el Consejo General por el excelente trabajo realizado por la comisión, que además de cumplir con todas las exigencias necesarias, tiene aún otro mérito: al estar fundamentado en principios éticos universales y siempre vigentes, difícilmente le va a afectar el paso del tiempo, por lo que este código deontológico tiene ante sí una larga andadura.

Josefina Cambra
Presidenta

1. Introducción

La educación tiene por objeto lograr el máximo desarrollo de las facultades intelectuales, físicas y emocionales de las nuevas generaciones, y al propio tiempo permitirles adquirir los elementos esenciales de la cultura humana. Tiene por tanto una doble dimensión, individual y social, íntimamente entrelazadas, cuyo cultivo constituye la base de una vida satisfactoria y enriquecedora.  Dado que los seres humanos no nacen con el bagaje de conocimientos, actitudes y valores necesarios para vivir una vida personal plena y desenvolverse en una sociedad, es necesario facilitarles al máximo su consecución, por medio de la acción educativa. De ahí deriva la importancia de la función docente, que tiene como meta la formación integral de las personas jóvenes como seres individuales y sociales. El desempeño de esta tarea conforma una de las profesiones más necesarias cuando un pueblo desea configurar una sociedad justa, armónica y estable.   Para alcanzar tales objetivos la sociedad debe garantizar la libertad de cátedra, el derecho de todos los alumnos a aprender y la igualdad de oportunidades educativas. La profesión docente requiere la dignidad, el reconocimiento, la autoridad y el respaldo necesarios para su desempeño.   El correcto ejercicio de la profesión docente no puede concebirse al margen de un marco ético, que constituye su sustrato fundamental y que se concreta en un conjunto de principios de actuación:

1.   Dado el proceso de desarrollo personal en que se encuentran los destinatarios de la acción educativa, los docentes tienen la responsabilidad de prestar una atención permanente a la influencia de sus acciones sobre los educandos, por cuanto suelen servir de pautas de conducta. Ello implica guiarse por los principios de responsabilidad y ejemplaridad en su actuación.
2.   Igualmente, dado que los valores cívicos fundamentales de nuestra sociedad deben ser la justicia y la democracia, orientados al mantenimiento de una convivencia social armónica, el profesional de la docencia deberá regirse en todo por dichos criterios de actuación. Y para respetarlos, no perderá nunca de vista los principios de justicia, veracidad y objetividad en sus actuaciones.
3.   La infancia y la adolescencia son etapas decisivas en la formación de la personalidad. Y para que este desarrollo alcance libremente su techo, es preciso que los docentes se guíen por el principio del respeto y la empatía, como condición para propiciar los sentimientos de seguridad y autonomía en los educandos.
4.   La convivencia escolar es un excelente aprendizaje para la convivencia social, por lo que los docentes cultivarán los principios de solidaridad y responsabilidad social, con vistas a la formación de ciudadanos activos y responsables.
5.   Con el fin de formar ciudadanos autónomos, maduros y con criterio propio, es necesario que el profesional docente ponga todo su empeño en el desarrollo del espíritu crítico propio y de sus alumnos, de modo que aprendan a valorar, juzgar y sopesar la veracidad, alcance e importancia de cuanta información reciban a través de distintos medios.
6.   Sin perjuicio de la legítima compensación que el docente tiene derecho a recibir por el trabajo que realiza, su actuación se regirá por el principio del desinterés.
7.   Dado el cambio continuo al que está sometida la labor de la docencia, así como el marco institucional y social en que se desarrolla, el docente debe adoptar como guía de conducta el principio de formación permanente que le permitirá responder del mejor modo a los desafíos que continuamente se le plantean.
Teniendo en cuenta la complejidad de las relaciones que se establecen en la tarea docente y la responsabilidad que implica, así como la necesidad de armonizar las normas establecidas con los imperativos éticos, se hace necesaria la concreción de todos estos principios generales en un Código deontológico, que detalle todos y cada uno de los compromisos y deberes del buen profesional. Dicho Código debe servir para que el profesor conozca y asuma plenamente sus obligaciones, pero también para que la sociedad le otorgue la confianza y la autoridad necesarias para alcanzar la educación de calidad que anhela y demanda para sus hijos.  Por todo ello, el Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias del Estado Español establece el siguiente Código Deontológico de la Profesión Docente, que deberá ser asumido y aceptado por cuantos ejercen esta profesión, esto es, los Maestros de Educación Infantil, los Maestros de Enseñanza Primaria, los Máster en Enseñanza Secundaria, así como cuantos desarrollen una función educativa y docente en centros de Enseñanza Infantil, Primaria, Secundaria y de Formación Profesional.  La vigilancia del cumplimiento de los compromisos y deberes recogidos en este Código corresponderá a cada uno de los Colegios Oficiales, a través de sus estatutos y sus mecanismos disciplinarios.

1. Compromisos y deberes en relación con el alumnado

1.1. Contribuir activamente al ejercicio efectivo del principio constitucional del derecho a la educación por parte del alumnado.
1.2. Promover la formación integral del alumnado a través de una atención personalizada y una relación de confianza que contribuya a fomentar la autoestima, la voluntad de superación y el desarrollo de las capacidades personales.
1.3. Tratar justa y equitativamente al alumnado, sin aceptar ni permitir prácticas discriminatorias por ningún motivo asociado a características o situaciones personales, sociales, económicas o de cualquier otro tipo.
1.4. Proporcionar al alumnado un sistema estructurado de conocimientos y habilidades que le permita avanzar en su desarrollo personal, dar respuesta adecuada a las nuevas situaciones que se le planteen y acceder en las mejores circunstancias posibles a la vida adulta y a una ciudadanía activa.
1.5. Atender adecuadamente a la diversidad de circunstancias y situaciones personales del alumnado, ofreciendo a todos la posibilidad de desarrollar sus capacidades y profundizar su formación en los distintos campos del saber.
1.6. No adoctrinar al alumnado, fomentando el desarrollo del juicio crítico y ecuánime sobre la realidad y sobre sí mismos y promoviendo la búsqueda de la verdad como principio rector del saber.
1.7. Adoptar todas las medidas precisas para salvaguardar la libertad, la dignidad y la seguridad física, psicológica y emocional del alumnado.
1.8. Atender y encauzar adecuadamente las reclamaciones legítimas del alumnado en el ejercicio de la docencia y de la función tutorial.
1.9. Guardar el secreto profesional en relación con los datos personales del alumnado de que se disponga en el ejercicio profesional de la docencia.

2. Compromisos y deberes en relación con las familias y los tutores del alumnado

2.1. Respetar los derechos de las familias y los tutores en relación con la educación de sus hijos, armonizándolos con el ejercicio de la autoridad docente y con el cumplimiento de los proyectos educativos adoptados.
2.2. Favorecer la cooperación entre las familias y el profesorado, compartiendo la responsabilidad educativa en los temas que afecten a ambas partes y propiciando una relación de confianza que promueva la participación a través de los correspondientes órganos y asociaciones.
2.3. Proporcionar a las familias y los tutores la información necesaria acerca de los proyectos educativos del centro, la programación docente y los criterios de evaluación establecidos en el ámbito que corresponda.
2.4. Proporcionar a las familias y los tutores información acerca del proceso educativo de sus hijos, el grado de consecución de los objetivos propuestos y las eventuales dificultades que se detecten, así como la orientación adecuada a dichas circunstancias.
2.5. Respetar la confidencialidad de las informaciones proporcionada en el ejercicio de sus funciones por parte de las familias o tutores.

3. Compromisos y deberes en relación con la institución educativa

3.1. Mostrar el máximo respeto al proyecto educativo del centro sin perjuicio del ejercicio de la libertad de cátedra.
3.2. Respetar y hacer respetar las normas de funcionamiento del centro y colaborar en todo momento con sus órganos de gobierno, los departamentos didácticos, los servicios de orientación psicopedagógica, las tutorías y cualesquiera otros servicios de la institución.
3.3. Favorecer la convivencia en los centros educativos, contribuyendo a mantener un ambiente adecuado para la enseñanza y el aprendizaje, utilizando los cauces apropiados para resolver los conflictos que puedan surgir y evitando cualquier tipo de violencia física o psíquica.
3.4. Velar por el buen estado de mantenimiento y limpieza de materiales e instalaciones, inculcando en los alumnos el respeto a los bienes comunes y públicos.
3.5. Ejercer con dedicación las responsabilidades directivas o de otro tipo que se desempeñen, manteniendo canales abiertos de consulta y debate en el centro y actuando como modelo de conducta ante los compañeros.
3.6. Velar en toda circunstancia por el prestigio de la institución en que se trabaja, contribuyendo activamente a la mejora de su calidad.
3.7. Colaborar con la institución y con las autoridades educativas en cuantas consultas e informaciones se realicen para un mejor ordenamiento de la tarea educativa.

4. Compromisos y deberes en relación con los compañeros

4.1. Aportar los propios conocimientos, capacidades y aptitudes con el fin de crear un clima de confianza que potencie el buen trabajo en equipo.
4.2. Colaborar lealmente con los compañeros y con el personal que participa en la educación para asegurar una actuación colectiva coordinada que redunde en beneficio del alumnado y del cumplimiento de los objetivos educativos de la institución.
4.3. Respetar el ejercicio profesional de los compañeros de profesión, sin interferir en su trabajo ni en su relación con el alumnado, las familias y los tutores.
4.4. Mantener la objetividad en la apreciación del trabajo profesional de los compañeros, mostrando el debido respeto a sus opiniones y utilizando las vías establecidas para manifestar la disconformidad con su actuación.
4.5. Guardar el secreto profesional en relación con los datos personales de los compañeros de que se disponga en el ejercicio de cargos de responsabilidad.

5. Compromisos y deberes en relación con la profesión

5.1. Desarrollar con profesionalidad la enseñanza en el ámbito docente que corresponda, actuando con autonomía y atendiendo a las necesidades de desarrollo del alumnado, a la normativa establecida y a los proyectos educativos del centro en que se desempeña la tarea docente.
5.2. Desarrollar un ejercicio profesional que demuestre unos altos niveles de competencia, un buen dominio de la especialidad y una conducta adecuada a los principios constitucionales que constituyen el fundamento de la convivencia ciudadana.
5.3. Asumir la responsabilidad propia en aquellos ámbitos de actuación que son competencia profesional de los docentes.
5.4. Asumir la obligación de la formación permanente, dado el avance constante de la ciencia, de las nuevas tecnologías y de la realidad social.
5.5. Contribuir al progreso de la profesión a través de la actualización didáctica y científica, el perfeccionamiento profesional, la investigación y la innovación educativa.
5.6. Contribuir a la dignificación social de la profesión docente y defender y hacer respetar los derechos que le correspond

6. Compromisos y deberes en relación con la sociedad

6.1. Asumir y cumplir los deberes de ciudadanía, actuando con lealtad a la sociedad y a las instituciones, en el marco de la Constitución española y la normativa vigente.
6.2. Desarrollar una actuación docente acorde con los valores que afectan a la convivencia en sociedad, tales como libertad, justicia, igualdad, pluralismo, tolerancia, comprensión, cooperación, respeto y sentido crítico.
6.3. Promover una educación para el ejercicio activo de la ciudadanía y el logro de una convivencia basada en la igualdad de derechos, la ausencia de discriminación, la libertad personal, la justicia y el pluralismo.
6.4. Contribuir al desarrollo del espíritu crítico y de actitudes reflexivas y comprometidas con la mejora de las condiciones en que se desenvuelve la vida social y la relación sostenible con el entorno.
6.5. Colaborar activamente en la dinamización de la vida sociocultural de su entorno.

Aprobado por el Pleno del Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, en su sesión 6 de noviembre de 2010.

CÓDIGO DEONTOLÓGICO DEL PROFESIONAL DE LA ARQUEOLOGÍA

Preámbulo

Los arqueólogos (arqueóloga/arqueólogo, arqueólogas/arqueólogos) profesionales (AP) en España se organizan en el seno del Consejo General de los Colegios de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias (CDL), que representa a nivel del Estado a los Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias con competencias territoriales.

La redacción y aplicación de un código deontológico es una de las competencias propias y exclusivas de los colegios profesionales, por ello el Consejo General se dota de este código deontológico de la profesión de AP para completar la configuración de esta profesión.

Los códigos deontológicos establecen obligaciones de necesario cumplimiento por los colegiados y atiende a la competencia pública, recogida en la normativa a favor de las organizaciones colegiadas para ordenar la actividad, velando por su ética y por la dignidad profesional, atendiendo al debido respeto de los derechos de los ciudadanos.

El presente código deontológico recoge los principios que debe cumplir el AP en el ejercicio de su profesión. Reúne los principios éticos para alcanzar un comportamiento digno de confianza ante la sociedad.

Este código trata de ser un complemento de la normativa sobre Patrimonio Histórico y Cultural abarcando aquellos aspectos que implican a la ética pública.

Tiene como objetivo servir como documento para evaluar y solucionar los conflictos que se planteen entre los diferentes agentes implicados en la actividad profesional.

Los códigos deontológicos emanan de los principios éticos que las sociedades desarrolladas se auto imponen, fundamentalmente a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de las directrices y recomendaciones de UNESCO, de la Carta para la Gestión del Patrimonio arqueológico aprobada por el ICOMOS (International Council for Monuments and Sites, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) en 1990, de la Unión Europea, de su Convención Europea sobre Protección del Patrimonio arqueológico de 1992 y del Consejo de Europa así como del espíritu de la Constitución Española.

El Consejo General de los Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, es el organismo que representa a los AP a nivel de España y ante los organismos europeos e internacionales, en atención a estas competencias redacta este código deontológico con objetivo de establecer un marco de regulación de los principios deontológicos de la profesión que sirva, además, de reflexión y referente para todos los ciudadanos.

España cuenta con el antecedente de la aprobación, en 1996, por las Secciones de arqueología de los CDL de un borrador de código en esta materia. En 2001 se aprobó el primer código deontológico de la profesión de la arqueología por un colectivo diverso y fue adoptado por los CDL de varias Comunidades Autónomas.

En aquel entonces únicamente se habían aprobado códigos similares en algunas organizaciones y países: El código deontológico del I.F.A. en el Reino Unido, de la A.P.A.P. en Portugal (1997), en la Asociación Europea de Arqueología (1997) y en la A.P.A.E. en España.

Desde ese momento se ha producido un impulso importante en la redacción de Códigos deontológicos o de ética, en Italia, Argentina, Chile, Irlanda, e incluso algunos CDL han desarrollado su propio Código Ético de la arqueología (Castilla la Mancha), en el ámbito de sus competencias.

Nace con la voluntad de ser un código marco, concebido de forma que pueda ser asumido por todos aquellos que trabajan en el ámbito de la arqueología, debiendo ser la fuente que alimente el marco deontológico de cada uno de los CDL, respetando el ámbito de sus competencias territoriales.

El Consejo General de Colegios de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias asume el objetivo de difundir y estimular el cumplimiento del presente Código de los profesionales de la arqueología.

Definición

El objeto de la arqueología es la investigación de la historia de los grupos humanos y de su evolución a partir de las evidencias dejadas por ellos, especialmente de su cultura material.

En la mayoría de los países, y de acuerdo con las normativas vigentes, la tarea del AP tiene por objeto la investigación, el estudio, prevención, protección, conservación y comunicación del patrimonio arqueológico, incluyendo las actividades ligadas a la interpretación, presentación, difusión, musealización, etc., entendiendo como tal todas las evidencias dejadas por los seres humanos susceptibles de ser estudiadas con metodología arqueológica, incluidos los elementos paisajísticos, geológicos y

paleontológicos relacionados con la historia humana.

Sin embargo, el trabajo arqueológico está sujeto a circunstancias y problemas variados, dentro de la estricta legalidad, que pueden influir en la labor de los profesionales. Estos están comprometidos con el patrimonio arqueológico, con la propia disciplina científica, con sus colegas, con quienes contratan sus servicios profesionales, con las instituciones que los patrocinan, con las administraciones públicas, con la sociedad en la que está inmersa y con el medio ambiente.

Principios generales

Art. 1º

El presente código entiende por AP al profesional de la arqueología con titulación universitaria reconocida en la materia y con un desarrollo curricular suficiente y acreditado en dicho campo.

Art. 2º

La deontología del AP es el conjunto de principios que deben inspirar y guiar la conducta del profesional de la arqueología.

Art. 3º

a) La actividad arqueológica irá encaminada a la investigación científica, prevención, protección, conservación, recuperación, valoración y difusión del patrimonio arqueológico.
b) En el ejercicio de su actividad el AP deberá observar el debido rigor ético y científico, evitando cualquier forma de competencia desleal, velando siempre por la dignidad de la profesión y por que sean respetados los derechos inherentes a ella. El AP debe contribuir a una práctica solidaria de la profesión.

Art. 4º

La lealtad entre los AP debe ser uno de los principios básicos de este código deontológico.

Competencia y ética profesional

Art. 5º

Los AP deberán actuar con la debida competencia profesional y dedicación al trabajo que se haya comprometido a realizar y no cesar en su actuación mientras no sean relevados en la forma que establezcan las normas y reglamentos.

Art. 6º

a) Los AP asumirán únicamente las funciones para las que se encuentre capacitado profesionalmente por su titulación académica, formación y experiencia profesional.
b) Asimismo, los AP reconocerán los límites de su capacidad profesional y ante trabajos cuya realización supere sus conocimientos o calificaciones, buscará la colaboración de otros colegas especializados o rehusará aceptarlos.

Art. 7º

a) Los AP deberán comportarse con honradez y veracidad en todas sus actuaciones profesionales. Cuando actúe en calidad de experto, perito, testigo o jurado o cuando deba expedir cualquier tipo de certificación, apoyará su criterio en los hechos probados o con la estimación científica que así lo justifique.
b) Los AP que actúen como representantes de la profesión en jurados, comisiones o tribunales, deberán cuidar especialmente el tener el debido conocimiento de los asuntos que hayan de tratarse, informándose al respecto con la antelación necesaria y con la mayor amplitud posible, al objeto de que su actuación esté siempre en consonancia con la representación que ostenta.

Art. 8º

Los AP deberán mantener y salvaguardar siempre la independencia de criterio en su actuación profesional, tanto oficial como privada, sin que puedan servir de justificación las presiones, de cualquier tipo que pueda recibir.

Art. 9º

Los AP que tengan cualquier tipo de vinculación con la Administración Pública se deberán al servicio público de la sociedad, absteniéndose del empleo de medios, facilidades o prerrogativas inherentes a su cargo o situación, tanto en provecho propio como de terceros.

Art. 10º

Le estará absolutamente vedado a todo AP procurarse trabajo profesional mediante comisiones, uso de información privilegiada, conocimiento de proyectos públicos o privados confidenciales u otras ventajas análogas que pudiera conocer u obtener de terceras personas.

Art. 11º

Los AP directores o coordinadores de un proyecto de ejecución están obligados a tener un conocimiento preciso de la marcha de los trabajos.

Art. 12º

Ningún AP podrá encubrir con su actuación o con su firma cualquier comportamiento ilegal o negligencia que vaya en contra de los deberes profesionales de otros compañeros. Del mismo modo, se abstendrá de amparar bajo su firma actuaciones de arqueología que no estén debidamente legitimadas, así como las de otros técnicos que no disfruten de la acreditación de AP.

Art. 13º

Ningún AP podrá hacer cesión de sus deberes, obligaciones y responsabilidades profesionales en subordinados o en otros profesionales para las que estos no estén legalmente capacitados.

Art. 14º

Los AP serán objetivos y procurarán estar bien informados cuando evalúen el trabajo de sus colegas, derivando en todo momento sus informes expertos de los datos reales de los trabajos de investigación, evitando juicios que se vean afectados por valoraciones de tipo subjetivo o no documentados y ajustándose sus calificaciones a los aspectos requeridos.

Art. 15º

Los restos humanos, en cuanto representan a personas que vivieron en el pasado, deberán ser tratados con la mayor dignidad, sensibilidad y respeto, con independencia de su antigüedad, significación histórica, procedencia y demás atributos personales, étnicos o poblacionales. Teniendo en cuenta que un trato respetuoso o digno varía en diferentes contextos y situaciones, los profesionales deben ser particularmente sensibles y atentos al medio sociocultural en el que desarrollan sus tareas de investigación, conservación, gestión, difusión o exposición.

Art. 16º

En el caso de la excavación de enterramientos humanos de menos de cien años (Guerra Civil española y víctimas asociadas al conflicto), se realizará una labor previa documental, que incluya la localización de familiares de los restos. Caso de localizarse se requerirá su autorización para realizar los trabajos y se garantizará el depósito definitivo de los restos y de los materiales que les acompañan. Se seguirán pautas de actuación de acuerdo a los protocolos reconocidos que desarrollan el Protocolo de Minnesota de 1991, de la ONU.

Art. 17º

El AP se abstendrá de adquirir bienes de naturaleza arqueológica que no cuenten con la garantía de proceder de un comercio lícito.

Art. 18º

Los AP deberán denunciar a las autoridades competentes cuando exista una amenaza sobre el patrimonio arqueológico, la violación de yacimientos arqueológicos y monumentos y el tráfico ilícito de antigüedades, así como utilizar todos los medios a su disposición para asegurar que en tales casos las autoridades competentes adopten medidas ajustadas.

Art. 19º

Los AP no se implicarán en ningún tipo de actividad relacionada con el comercio ilícito de antigüedades y obras de arte, asumiendo la Convención de la UNESCO de 1970 sobre Medios de prohibir y prevenir la importación, exportación y transferencia ilícita de la propiedad del Patrimonio Cultural.

Ejercicio de la profesión

Art 20º

Los AP tienen el deber de mantener una formación permanente de los desarrollos en el conocimiento y metodologías relacionadas con sus campos de especialización y con las técnicas de trabajo de campo, prevención, conservación, difusión de la información y áreas relacionadas, que garantice la calidad de su actividad profesional.

Art 21º

Los AP no acometerán proyectos para los cuales no dispongan de la formación y experiencia adecuadas.

Art 22º

Asimismo, se elaborarán con la mayor celeridad los informes de los proyectos realizados que, después de un periodo adecuado de confidencialidad, serán accesibles a la comunidad arqueológica en su conjunto a través de los medios apropiados de publicación.

Art 23º

El uso de material original será autorizado mediante permiso expreso por escrito y se reconocerá la fuente de procedencia en cualquier publicación en la que se utilice.

Derechos y obligaciones

Art 24º

a) Los AP del equipo directivo de un proyecto disfrutarán de la propiedad intelectual sobre la información científica procedente del yacimiento o piezas arqueológicas, en tanto dicha información forme parte del proyecto de investigación autorizado o reconocido y mientras permanezca en activo el mismo.
b) En general, los AP tienen derecho a que se les reconozca la autoría de cualquier trabajo global o parcial, realizado en el ejercicio de su profesión, de sus informes escritos, hayan sido o no retribuidos.
c) Los AP tendrán derecho prioritario de publicación de los proyectos de los que hayan sido responsables durante un periodo de tiempo razonable y que no excederá los diez años. Durante este periodo, hará accesibles sus resultados, y atenderá las solicitudes de información por parte de colegas y estudiosos, una vez asegurado que éstas no contravienen los derechos prioritarios de propiedad intelectual. Cuando haya expirado un periodo de diez años, la documentación estará libremente disponible para su análisis y publicación por terceros, sin perjuicio de la obligatoriedad de citar los trabajos precedentes.

Art. 25º

Todo informe o estudio arqueológico que se redacte y/o publique deberá ir fechado y firmado por su autor o autores, quienes se responsabilizarán de su contenido o pertinencia.

Art. 26º

Los AP deberán guardar la confidencialidad de los trabajos y proyectos que le sean encargados, en tanto no tengan autorización expresa para su divulgación y no se vulnere la legalidad vigente.

Art. 27º

Será obligación de los AP directores de una intervención el propiciar la formación de su equipo, informándole convenientemente de la naturaleza de las investigaciones que se realicen y su desarrollo.

Art 28º

Los proyectos arqueológicos deberán respetar las normativas nacionales e internacionales en materia de empleo y seguridad y salud.

Art. 29º

Los AP directores de un equipo de investigación o de un proyecto de ejecución de una intervención tendrán en cuenta el bienestar de su equipo de trabajo, cuidando que los lugares de trabajo, las instalaciones y residencia cumplan los requisitos mínimos de seguridad, salubridad, higiene y confortabilidad.

Investigación, documentación prevención, protección y conservación del patrimonio arqueológico

Art 30º

Los proyectos arqueológicos se registrarán de acuerdo a una metodología reconocida, comprensible y en un soporte que garantice su permanencia.

Art. 31º

La actividad arqueológica se desarrollará con la metodología científica y con las técnicas actualizadas más acordes para la consecución de los objetivos perseguidos.

Art. 32º

Ante métodos y técnicas de trabajo alternativos que tengan iguales expectativas científicas, se elegirá o propondrá aquel que preserve mejor el yacimiento o el resto arqueológico en cuestión.

Art. 33º

a) Todo proyecto de intervención arqueológica que incluya la excavación contemplará la adopción de medidas de protección y conservación de los restos arqueológicos exhumados.
b) En todos los casos, el AP responsable dejará el yacimiento sobre el que ha intervenido debidamente ordenado y previendo su conservación adecuada, teniendo en cuenta los riesgos previsibles que pueda sufrir.

Art. 34º

Los AP se esforzarán por la objetividad en su trabajo y evitarán la manipulación de los restos para adecuarlos a sus hipótesis, cuidando de no deformar los datos ni falsear la edad, procedencia, uso, significado histórico o contexto cultural de cualquier descubrimiento arqueológico.

Art. 35º

Los AP guardarán la documentación precisa y ordenada de todo trabajo arqueológico que realice, garantizando la conservación de los materiales y los vestigios, en la medida que sea su responsabilidad. Cuando actúe como director de una intervención, será responsable de la documentación científica generada, buscando, en todo caso, el organismo que garantice la conservación de esta información adecuadamente.

Art. 36º

Los AP actuarán siempre con respeto hacia el medio ambiente, procurando que la actividad arqueológica altere en la menor medida posible el ecosistema de la zona. Se informarán de la flora y fauna susceptible de ser protegida para tomar las medidas adecuadas de conservación.

Art. 37º

En los casos en los que se vea afectado el medio natural, incluirá en el proyecto inicial una evaluación de los diferentes aspectos del impacto medioambiental, proponiendo las diferentes soluciones previstas.

Protección del patrimonio arqueológico

Art. 38º

Los AP tratarán los restos arqueológicos con respeto, evitando cualquier acción que los someta a daño, ridículo o comercialización ilícita.

Art. 39º

Los AP serán responsables de los materiales recuperados en cualquier actividad arqueológica, garantizando su identificación, inventario, conservación y adecuado embalaje hasta el momento de su ingreso en el centro que la administración competente determine.

Divulgación del patrimonio arqueológico

Art. 40º

a) Es obligación del AP comunicar el estado de sus investigaciones con diligencia al resto de los profesionales.
b) Asimismo, la finalidad última de su trabajo ha de ser la difusión de datos, análisis y evidencias históricas entre la sociedad a la que sirve. Por ello, deberá participar en medidas activas de comunicación, para informar a la colectividad mediante charlas divulgativas, conferencias y demás actos de carácter público, del desarrollo de sus investigaciones o de temas relacionados con el patrimonio arqueológico y su preservación, de manera especial en la zona en la que se ha desarrollado la actividad arqueológica.

Relaciones interprofesionales

Art. 41º

a) Todo AP deberá contribuir lealmente con sus conocimientos y experiencia al intercambio de información técnica con otros profesionales que puedan intervenir en la actividad arqueológica, al objeto de obtener en todo momento la máxima eficiencia del trabajo conjunto.
b) Así mismo, deberá respetar los derechos intelectuales sobre el trabajo de sus colaboradores.
c) En la contratación de un AP se atenderá a criterios de calidad del proyecto y solvencia profesional, antes que a criterios estrictamente económicos, personales o de otra naturaleza.
d) Los AP no practicarán ninguna forma de discriminación basada en el sexo, religión, edad, raza, discapacidad u orientación sexual, en la selección de sus equipos de trabajo.
e) En los equipos multidisciplinares el AP procurará la coordinación necesaria para el desarrollo de los trabajos, informando puntualmente a todos los miembros del equipo del desarrollo de las investigaciones.

f)Los AP en las relaciones interprofesionales se regirán por los principios de profesionalidad, coordinación, colaboración, respeto mutuo y lealtad.

g) Se evitara el ejercicio de Injurias, amenazas o calumnias entre profesionales, debiendo de acudir el afectado al Comité Deontológico para valorar su gravedad y proceder ante los órganos colegiales o ante la justicia ordinaria.

Los AP y la sociedad

Art.42º

El AP participará en sociedades, fundaciones, instituciones o en cualquier otra actividad colectiva o individual para promover la defensa, el estudio y el desarrollo del patrimonio arqueológico.

Art. 43º

Es deber de todo AP asegurar la preservación del patrimonio arqueológico por todos los medios legítimos, compatibilizándolo con los principios de investigación responsable y desarrollo sostenible.

Art. 44º

El AP, en el desarrollo de su trabajo y en la medida que no contradiga el presente Código, la Declaración universal de Derechos Humanos, ni la normativa vigente, deberá respetar los usos y costumbres sociales de cualquier comunidad en la que trabaje.

Art. 45º

El AP procurará que la salvaguarda del patrimonio material del pasado, su documentación científica y/o su puesta en valor sirva no sólo para el conocimiento científico sino también para el desarrollo sostenible de la comunidad y para la potenciación económica de la zona donde se desarrollen los trabajos.

Art. 46º

El AP reconocerá su responsabilidad en la formación de los ciudadanos en materia de patrimonio arqueológico.

Art. 47º

a) Procurará, dentro de lo posible, que los yacimientos visitables o las reconstrucciones arqueológicas musealizadas sean accesibles para los discapacitados y, en todos los casos, que éstos puedan acceder a la información.
b) El derecho de visita a los yacimientos debe conciliarse con la obligación de preservación de los mismos, por lo que debe de quedar garantizada su conservación. En este sentido, deberán realizarse estudios para evaluar el estado del Bien Patrimonial y un Estudio de Impacto Medioambiental en el que se incluyan las medidas correctoras previstas para garantizar su uso sostenible.

Art. 48º

El AP intentará que las conclusiones de sus trabajos o estudios históricos no sean manipulados para su utilización por grupos con objetivos de discriminar en razón de sexo, raza o religión, lugar de nacimiento o que no atenten contra derechos fundamentales del ser humano.

Art. 49º

Donde sea imposible la preservación, los AP se asegurarán que se realicen investigaciones con el mejor nivel de calidad profesional, para garantizar la correcta documentación del registro arqueológico.

Relaciones con otros agentes

Art. 50º

Tanto los AP como los promotores, constructores, responsables de explotaciones mineras, ingenieros, arquitectos y demás agentes implicados en obras públicas o privadas que afecten al patrimonio arqueológico deben establecer una estrecha colaboración encaminada a conseguir la documentación, recuperación y conservación más completa y eficaz de cualquier evidencia de naturaleza arqueológica al amparo de las diferentes legislaciones urbanísticas, medioambientales, de ordenación del territorio o sobre el patrimonio cultural de carácter Internacional, de la Unión Europea, Nacional, Autonómica o Local.

Art. 51º

Entre las obligaciones de los AP se encuentran:

a) Instar a la administración, a la mayor brevedad posible, a realizar estudios, prospecciones o cualquier otra intervención de naturaleza arqueológica sobre una zona susceptible de contener restos arqueológicos, que a su vez esté en proyecto de ser urbanizada o explotada por promotores, constructores o autoridades pertinentes.
b) Optimizar el tiempo de la intervención, en la medida de lo posible, de manera que ninguna de las partes se sienta obstaculizada en su trabajo, informando a las partes implicadas del tiempo necesario para realizar la documentación y recuperación del hallazgo, así como de los costes que repercuten en los promotores y los diferentes agentes implicados.
c) El AP responsable de la intervención deberá informar con prontitud sobre los hallazgos realizados durante su intervención, sobre las implicaciones que conlleva, las medidas correctoras y preventivas propuestas, etc., y de manera especial cuando la relevancia de los hallazgos pudiera condicionar la modificación del proyecto al implicar la conservación in situ de los restos. De este modo, el promotor o la administración competente podrán planificar y valorar la viabilidad del proyecto.
d) Colaborar con los promotores en la divulgación de los descubrimientos.
e) Citar en los informes y memorias a las empresas e instituciones que han colaborado o patrocinado las intervenciones arqueológicas.
f) Velar, durante el desarrollo de los trabajos arqueológicos, por el adecuado destino de los restos descubiertos.

Art. 52º.

Entre las obligaciones de los promotores, constructores, responsables de explotaciones mineras, ingenieros, arquitectos y demás agentes implicados en obras públicas o privadas que afecten al patrimonio arqueológico se encuentran:

a) Respetar los plazos previos a su intervención para la realización de actuaciones arqueológicas, en cualquier zona susceptible de contener restos arqueológicos.
b) Informar de la aparición de cualquier evidencia de naturaleza arqueológica en la zona donde se encuentre interviniendo, tanto a los profesionales como a la administración competente, de manera que se puedan tomar las medidas precisas.
c) Asumir la financiación de la intervención arqueológica y de las medidas de preservación que deriven de ella. En el caso de no poder asumir dicha carga, podrá solicitar la ayuda de la administración competente o de financiación privada para llevar a cabo el correcto proceso de documentación y conservación.
d) Preservar los restos que, por sus valores propios, de acuerdo con los criterios de la comunidad científica, deben ser conservados in situ. Buscar la mejor manera de integrarlos en el plan final de la obra, conciliando los posibles usos previstos con la revalorización y acceso al público del patrimonio.

Intrusismo

Art. 53º

Se considerará intruso a cualquier persona jurídica o física que, sin reunir las condiciones legales para el ejercicio de la profesión de AP, actúe en trabajos propios de ésta.

Debemos fomentar las acciones del voluntariado en el campo del patrimonio arqueológico, siempre que no supongan una fórmula encubierta de sustitución de mano de obra cualificada, atendiendo siempre los supuestos legales en materia laboral y de seguridad y salud.

Es deber de los AP denunciar al CDL cualquier actividad de intrusismo.

Epílogo

Art. 54º

Todo AP debe comportarse de acuerdo no sólo con la letra del presente Código, siempre incompleto, sino también con el espíritu que emana del mismo. Aprobado en la sesión del 28 y 29 de noviembre de 2014 del Pleno del Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias