CÓDIGO DEONTOLÓGICO

CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE LA PROFESIÓN DOCENTE

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Unas palabras previas

Los colegios profesionales y la sociedad a la que sirven están sometidos actualmente a cambios acelerados que les afectan profundamente, y el Consejo General de Colegios de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias no es, por supuesto, una excepción. Uno de los puntos en los que este proceso se manifiesta más claramente es el código deontológico. Evidentemente, el Consejo General disponía ya de un código deontológico, aprobado en 1996, pero las circunstancias de cambio social que se han producido desde entonces aconsejaban una actualización.

Una vez tomada la decisión por el Pleno, este nombró una comisión formada por José Luis Magro, decano de Asturias, y Manuel Romero, decano de Galicia, y presidida por Alejandro Tiana. En julio de 2010 la comisión ya había finalizado su trabajo, que fue presentado como primicia en el transcurso de la VI Escuela de Verano de Almagro.

Su lectura produjo una impresión muy positiva a todos los consejeros presentes, ya que el texto, además de responder a las actuales necesidades de la educación, satisface una serie exigencias que, por obvias, no debemos dejar de mencionar: la brevedad y la concisión, que facilitan el recuerdo, asimilación y cumplimiento de cualquier tipo de norma, y el estilo llano y la claridad del lenguaje.

El proyecto se envió a los consejeros para su estudio antes de someterlo a la aprobación del Pleno. No se presentaron enmiendas, y el texto fue aprobado el día 6 de noviembre en el Pleno celebrado en la capital andaluza con motivo del primer centenario del Colegio de Sevilla y Huelva.

Es, pues, una gran satisfacción expresar públicamente el agradecimiento de todos los decanos presentes en el Consejo General por el excelente trabajo realizado por la comisión, que además de cumplir con todas las exigencias necesarias, tiene aún otro mérito: al estar fundamentado en principios éticos universales y siempre vigentes, difícilmente le va a afectar el paso del tiempo, por lo que este código deontológico tiene ante sí una larga andadura.

Josefina Cambra
Presidenta

1. Introducción

La educación tiene por objeto lograr el máximo desarrollo de las facultades intelectuales, físicas y emocionales de las nuevas generaciones, y al propio tiempo permitirles adquirir los elementos esenciales de la cultura humana. Tiene por tanto una doble dimensión, individual y social, íntimamente entrelazadas, cuyo cultivo constituye la base de una vida satisfactoria y enriquecedora.

Dado que los seres humanos no nacen con el bagaje de conocimientos, actitudes y valores necesarios para vivir una vida personal plena y desenvolverse en una sociedad, es necesario facilitarles al máximo su consecución, por medio de la acción educativa. De ahí deriva la importancia de la función docente, que tiene como meta la formación integral de las personas jóvenes como seres individuales y sociales. El desempeño de esta tarea conforma una de las profesiones más necesarias cuando un pueblo desea  configurar una sociedad justa, armónica y estable. 

Para alcanzar tales objetivos la sociedad debe garantizar la libertad de cátedra, el derecho de todos los alumnos a aprender y la igualdad de oportunidades educativas. La profesión docente requiere la dignidad, el reconocimiento, la autoridad y el respaldo necesarios para su desempeño. 

El correcto ejercicio de la profesión docente no puede concebirse al margen de un marco ético, que constituye su sustrato fundamental y que se concreta en un conjunto de principios de actuación:

1.    Dado el proceso de desarrollo personal en que se encuentran los destinatarios de la acción educativa, los docentes tienen la responsabilidad de prestar una atención permanente a la influencia de sus acciones sobre los educandos, por cuanto suelen servir de pautas de conducta. Ello implica guiarse por los principios de responsabilidad y ejemplaridad en su actuación.
2.    Igualmente, dado que los valores cívicos fundamentales de nuestra sociedad deben ser la justicia y la democracia, orientados al mantenimiento de una convivencia social armónica, el profesional de la docencia deberá regirse en todo por dichos criterios de actuación. Y para respetarlos, no perderá nunca de vista los principios de justicia, veracidad y objetividad en sus actuaciones.
3.    La infancia y la adolescencia son etapas decisivas en la formación de la personalidad. Y para que este desarrollo alcance libremente su techo, es preciso que los docentes se guíen por el principio del respeto y la empatía, como condición para propiciar los sentimientos de seguridad y autonomía en los educandos.
4.    La convivencia escolar es un excelente aprendizaje para la convivencia social, por lo que los docentes cultivarán los principios de solidaridad y  responsabilidad social, con vistas a la formación de ciudadanos activos y responsables.
5.    Con el fin de formar ciudadanos autónomos, maduros y con criterio propio, es necesario que el profesional docente ponga todo su empeño en el desarrollo del espíritu crítico propio y de sus alumnos, de modo que aprendan a valorar, juzgar y sopesar la veracidad, alcance e importancia de cuanta información reciban a través de distintos medios.
6.    Sin perjuicio de la legítima compensación que el docente tiene derecho a recibir por el trabajo que realiza, su actuación se regirá por el principio del desinterés.
7.    Dado el cambio continuo al que está sometida la labor de la docencia, así como el marco institucional y social en que se desarrolla, el docente debe adoptar como guía de conducta el principio de formación permanente que le permitirá responder del mejor modo a los desafíos que continuamente se le plantean.
Teniendo en cuenta la complejidad de las relaciones que se establecen en la tarea docente y la responsabilidad que implica, así como la necesidad de armonizar las normas establecidas con los imperativos éticos, se hace necesaria la concreción de todos estos principios generales en un Código deontológico, que detalle todos y cada uno de los compromisos y deberes del buen profesional. Dicho Código debe servir para que el profesor conozca y asuma plenamente sus obligaciones, pero también para que la sociedad le otorgue la confianza y la autoridad  necesarias para alcanzar la educación de calidad que anhela y demanda para sus hijos.

Por todo ello, el Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias del Estado Español establece el siguiente Código Deontológico de la Profesión Docente, que deberá ser asumido y aceptado por cuantos ejercen esta profesión, esto es, los Maestros de Educación Infantil, los Maestros de Enseñanza Primaria, los Máster en Enseñanza Secundaria, así como cuantos desarrollen una función educativa y docente en centros de Enseñanza Infantil, Primaria, Secundaria y de Formación Profesional.

La vigilancia del cumplimiento de los compromisos y deberes recogidos en este Código corresponderá a cada uno de los Colegios Oficiales, a través de sus estatutos y sus mecanismos disciplinarios.

1. Compromisos y deberes en relación con el alumnado

1.1. Contribuir activamente al ejercicio efectivo del principio constitucional del derecho a la educación por parte del alumnado.
1.2. Promover la formación integral del alumnado a través de una atención personalizada y una relación de confianza que contribuya a fomentar la autoestima, la voluntad de superación y el desarrollo de las capacidades personales.
1.3. Tratar justa y equitativamente al alumnado, sin aceptar ni permitir prácticas discriminatorias por ningún motivo asociado a características o situaciones personales, sociales, económicas o de cualquier otro tipo.
1.4. Proporcionar al alumnado un sistema estructurado de conocimientos y habilidades que le permita avanzar en su desarrollo personal, dar respuesta adecuada a las nuevas situaciones que se le planteen y acceder en las mejores circunstancias posibles a la vida adulta y a una ciudadanía activa.
1.5. Atender adecuadamente a la diversidad de circunstancias y situaciones personales del alumnado, ofreciendo a todos la posibilidad de desarrollar sus capacidades y profundizar su formación en los distintos campos del saber.
1.6. No adoctrinar al alumnado, fomentando el desarrollo del juicio crítico y ecuánime sobre la realidad y sobre sí mismos y promoviendo la búsqueda de la verdad como principio rector del saber.
1.7. Adoptar todas las medidas precisas para salvaguardar la libertad, la dignidad y la seguridad física, psicológica y emocional del alumnado.
1.8. Atender y encauzar adecuadamente las reclamaciones legítimas del alumnado en el ejercicio de la docencia y de la función tutorial.
1.9. Guardar el secreto profesional en relación con los datos personales del alumnado de que se disponga en el ejercicio profesional de la docencia.

2. Compromisos y deberes en relación con las familias y los tutores del alumnado

2.1. Respetar los derechos de las familias y los tutores en relación con la educación de sus hijos, armonizándolos con el ejercicio de la autoridad docente y con el cumplimiento de los proyectos educativos adoptados.
2.2. Favorecer la cooperación entre las familias y el profesorado, compartiendo la responsabilidad educativa en los temas que afecten a ambas partes y propiciando una relación de confianza que promueva la participación a través de los correspondientes órganos y asociaciones.
2.3. Proporcionar a las familias y los tutores la información necesaria acerca de los proyectos educativos del centro, la programación docente y los criterios de evaluación establecidos en el ámbito que corresponda.
2.4. Proporcionar a las familias y los tutores información acerca del proceso educativo de sus hijos, el grado de consecución de los objetivos propuestos y las eventuales dificultades que se detecten, así como la orientación adecuada a dichas circunstancias.
2.5. Respetar la confidencialidad de las informaciones proporcionada en el ejercicio de sus funciones por parte de las familias o tutores.

3. Compromisos y deberes en relación con la institución educativa

3.1. Mostrar el máximo respeto al proyecto educativo del centro sin perjuicio del ejercicio de la libertad de cátedra.
3.2. Respetar y hacer respetar las normas de funcionamiento del centro y colaborar en todo momento con sus órganos de gobierno, los departamentos didácticos, los servicios de orientación psicopedagógica, las tutorías y cualesquiera otros servicios de la institución.
3.3. Favorecer la convivencia en los centros educativos, contribuyendo a mantener un ambiente adecuado para la enseñanza y el aprendizaje, utilizando los cauces apropiados para resolver los conflictos que puedan surgir y evitando cualquier tipo de violencia física o psíquica.
3.4. Velar por el buen estado de mantenimiento y limpieza de materiales e instalaciones, inculcando en los alumnos el respeto a los bienes comunes y públicos.
3.5. Ejercer con dedicación las responsabilidades directivas o de otro tipo que se desempeñen, manteniendo canales abiertos de consulta y debate en el centro y actuando como modelo de conducta ante los compañeros.
3.6. Velar en toda circunstancia por el prestigio de la institución en que se trabaja, contribuyendo activamente a la mejora de su calidad.
3.7. Colaborar con la institución y con las autoridades educativas en cuantas consultas e informaciones se realicen para un mejor ordenamiento de la tarea educativa.

4. Compromisos y deberes en relación con los compañeros

4.1. Aportar los propios conocimientos, capacidades y aptitudes con el fin de crear un clima de confianza que potencie el buen trabajo en equipo.
4.2. Colaborar lealmente con los compañeros y con el personal que participa en la educación para asegurar una actuación colectiva coordinada que redunde en beneficio del alumnado y del cumplimiento de los objetivos educativos de la institución.
4.3. Respetar el ejercicio profesional de los compañeros de profesión, sin interferir en su trabajo ni en su relación con el alumnado, las familias y los tutores.
4.4. Mantener la objetividad en la apreciación del trabajo profesional de los compañeros, mostrando el debido respeto a sus opiniones y utilizando las vías establecidas para manifestar la disconformidad con su actuación.
4.5. Guardar el secreto profesional en relación con los datos personales de los compañeros de que se disponga en el ejercicio de cargos de responsabilidad.

5. Compromisos y deberes en relación con la profesión

5.1. Desarrollar con profesionalidad la enseñanza en el ámbito docente que corresponda, actuando con autonomía y atendiendo a las necesidades de desarrollo del alumnado, a la normativa establecida y a los proyectos educativos del centro en que se desempeña la tarea docente.
5.2. Desarrollar un ejercicio profesional que demuestre unos altos niveles de competencia, un buen dominio de la especialidad y una conducta adecuada a los principios constitucionales que constituyen el fundamento de la convivencia ciudadana.
5.3. Asumir la responsabilidad propia en aquellos ámbitos de actuación que son competencia profesional de los docentes.
5.4. Asumir la obligación de la formación permanente, dado el avance constante de la ciencia, de las nuevas tecnologías y de la realidad social.
5.5. Contribuir al progreso de la profesión a través de la actualización didáctica y científica, el perfeccionamiento profesional, la investigación y la innovación educativa.
5.6. Contribuir a la dignificación social de la profesión docente y defender y hacer respetar los derechos que le correspond

6. Compromisos y deberes en relación con la sociedad

6.1. Asumir y cumplir los deberes de ciudadanía, actuando con lealtad a la sociedad y a las instituciones, en el marco de la Constitución española y la normativa vigente.
6.2. Desarrollar una actuación docente acorde con los valores que afectan a la convivencia en sociedad, tales como libertad, justicia, igualdad, pluralismo, tolerancia, comprensión, cooperación, respeto y sentido crítico.
6.3. Promover una educación para el ejercicio activo de la ciudadanía y el logro de una convivencia basada en la igualdad de derechos, la ausencia de discriminación, la libertad personal, la justicia y el pluralismo.
6.4. Contribuir al desarrollo del espíritu crítico y de actitudes reflexivas y comprometidas con la mejora de las condiciones en que se desenvuelve la vida social y la relación sostenible con el entorno.
6.5. Colaborar activamente en la dinamización de la vida sociocultural de su entorno.

Aprobado por el Pleno del Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias,  en su sesión 6 de noviembre de 2010.

 

CÓDIGO DEONTOLÓGICO DEL PROFESIONAL DE LA ARQUEOLOGÍA

 

 

PREÁMBULO:


El objeto de la arqueología es la comprensión de la historia del ser humano y su evolución a partir de las evidencias dejadas por él, especialmente de su cultura material.

En la generalidad de los paises, y de acuerdo con la legislación vigente, el trabajo del Arqueólog@ tiene por objeto el estudio, conservación y divulgación del Patrimonio Arqueológico, entendido como tal todas las evidencias dejadas por los seres humanos susceptibles de ser estudiadas con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídas y tanto si se encuentran e la superficie, en el subsuelo o bajo las aguas. Forman parte, asimismo, de este Patrimonio los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del hombre y sus orígenes y antecedentes.

Sin embargo, l@s Arqueólog@s están sujet@s a circunstancias y problemas variados, aun dentro de la estricta legalidad, que pueden influir en su actuación. Están comprometid@s con el Patrimonio Arqueológico, con la propia disciplina científica, con sus colegas, con quienes contratan sus servicios profesionales, con las instituciones que los patrocinan, con la administraciones públicas, con la sociedad que les rodea, con el medio ambiente.

Por ello, l@s profesionales de la arqueología, organizad@s en los Colegios Oficiales de España, redactan este Código Deontológico a fin de establecer un marco de regulación de los principios éticos de nuestra profesión que sirva, además, de reflexión a tod@s los ciudadan@s.

Este Código emana de los principios recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de las directrices y recomendaciones de la Unión Europea y de la Constitución Española.

El presente Código trata de ser un complemento de la legislación sobre Patrimonio Histórico y Cultural abarcando aquellos aspectos que, por implicar más a la ética que la ley, no son definidos por ésta. En suma, tiene como objetivo servir
como documento para evaluar y solucionar los conflictos que estos distintos
condicionantes antes mencionados planteen.

Se trata de un Código genérico, creado de forma que pueda ser asumido por aquell@s que trabajan en el ámbito de la arqueología, debiendo ser la fuente que alimente el marco normativo de las Secciones u organizaciones profesionales de la arqueología. Por ello, el Consejo General de Colegios Oficiales en Filosofía y Letras y en Ciencias se marca como objetivo divulgar y estimular el cumplimiento de este Código Profesional, así como de los que de él emanen.


PRINCIPIOS GENERALES:

Art. 1º
El presente Código entiende por Arqueólog@ a tod@ aquel profesional de la arqueología con titulación superior reconocida y un desarrollo curricular en dicho campo suficiente.
Art. 2º
La Deontología Arqueológica es el conjunto de principios que deben inspirar y guiar la conducta del profesional de la Arqueología.
Art. 3º
a) La actividad arqueológica irá encaminada a la investigación científica, protección, conservación, recuperación, valoración y difusión del patrimonio Arqueológico.

b) En el ejercicio de su actividad el/la arqueólog@ deberá observar el debido rigor ético y científico, evitando cualquier forma de competencia desleal, velando siempre por la dignidad de la profesión y por que sean respetados los derechos inherentes a ella. El/la arqueólog@ debe contribuir a una práctica solidaria de la profesión.
Art. 4º
La lealtad entre Arqueólog@s debe ser el principio organizador de este Código Deontológico.

COMPETENCIA Y ÉTICA PROFESIONAL:

Art. 5º
El/La Arqueólog@ deberá actuar con la debida competencia profesional y dedicación al trabajo que se haya comprometido a realizar y no cesar en su actuación mientras no sea relevado en la forma que establezcan las normas y reglamentos.
Art. 6º
a) El/La Arqueólog@ asumirá únicamente las funciones para las que se encuentre debidamente acreditada su capacitación profesional por su formación o titulación académica.
b) Asimismo, el/la Arqueólog@ reconocerá los límites de su capacidad y, ante trabajos cuya realización supere sus posibilidades o calificaciones, buscará la colaboración de otros colegas especializados o rehusará aceptarlos.
Art. 7º
a) El/La Arqueólog@ deberá comportarse con honradez y veracidad en todas sus actuaciones profesionales. Cuando actúe en misión de experto, perito o jurado o
cuando deba expedir cualquier tipo de certificación, apoyará su criterio en aquellos hechos probados que así lo justifiquen.
b) El/La Arqueólog@ que actúe como representante de la profesión en jurados, comisiones o tribunales, deberá cuidar especialmente el tener el debido conocimiento de los asuntos que hayan de tratarse, informándose al respecto con la antelación necesaria y con la mayor amplitud posible, al objeto de que su actuación esté siempre en consonancia con la representación que ostenta.
Art. 8º
El/La Arqueólog@ deberá mantener y salvaguardar siempre su independencia de criterio en su actuación profesional, tanto oficial como privada, sin que puedan servir de justificación las presiones de cualquier tipo que pueda recibir.
Art. 9º
El/La Arqueólog@ en quien concurra cualquier tipo de vinculación con la Administración Pública, se deberá al servicio de la Comunidad, absteniéndose del empleo de medios, facilidades o prerrogativas inherentes a su cargo o situación, tanto en provecho propio como de terceros.
Art. 10º
Le estará absolutamente vedado a tod@ Arqueólog@ procurarse trabajo profesional mediante comisiones, uso de información privilegiada, conocimiento de proyectos públicos o privados confidenciales u otras ventajas análogas que pudiera conocer u obtener de terceras personas.
Art. 11º
El/La Arqueólog@ Director/a o Coordinador/a de un proyecto estará obligad@ a tener un claro conocimiento de la marcha de los trabajos.
Art. 12º

Ningún/a Arqueólog@ podrá encubrir con su actuación o con su firma cualquier comportamiento ilegal o negligencias que vayan en contra de los deberes profesionales de otr@s compañer@s. Del mismo modo, se abstendrá de amparar bajo su firma actuaciones de arqueología que no estén debidamente legitimadas, así como de otros técnicos que no tengan condición de Arqueólog@s.
Art. 13º
Ningún/a Arqueólog@ podrá hacer cesión de deberes profesionales a subordinados o a otros profesionales en tanto tal transferencia comporte el ejercicio de funciones para las que estos no estén legalmente capacitados.
Art. 14º
El/La Arqueólog@ será objetiv@ y procurará estar bien informad@ cuando evalúe el trabajo de sus colegas, derivando en todo momento sus opiniones de los datos reales de los trabajos de investigación y evitando juicios que se vean afectados por valoraciones de aspectos personales o subjetivos.
Art. 15º
El/La Arqueólog@ mantendrá una formación continuada que garantice la calidad de su actividad profesional.

EJERCICIO DE LA PROFESIÓN:

1. Derechos y obligaciones:
Art 16º
a) El/La Arqueólog@ disfrutará de la propiedad intelectual sobre la información científica procedente de un yacimiento o pieza arqueológica, en tanto dicha información forme parte de un proyecto de investigación autorizado o reconocido y mientras permanezca en activo dicho proyecto.

b) En general, el/la Arqueólog@ tiene derecho a que se le reconozca la autoría de cualquier, trabajo global o parcial, realizado en el ejercicio de su profesión, haya sido o no retribuido.
Art. 17º
Todo informe o estudio arqueológico que se emita y/o publique deberá ir firmado por su autor o autores, quien/es se responsabilizará/n de su contenido o pertinencia.
Art. 18º
El/La Arqueólog@ deberá guardar la confidencialidad de los proyectos que le sean encargados, en tanto no tenga autorización expresa para ello y no vulneren la legalidad vigente.
Art. 19º
Será obligación del/la Arqueólog@ Director@ o Coordinador/a de la intervención el propiciar la formación de su equipo, informándole convenientemente de la naturaleza de las investigaciones que se realizan y su desarrollo.
Art. 20º
El/La Arqueólogo@ Director/a o Coordinador/a de una intervención tendrá en cuenta el bienestar de la plantilla, cuidando de que las instalaciones de trabajo y residencia cumplan los requisitos mínimos de seguridad, salubridad, higiene y confortabilidad.

2. Investigación del Patrimonio Arqueológico:
Art. 21º
La actividad arqueológica se desarrollará con la metodología científica y con las técnicas actualizadas más acordes para la consecución de los objetivos perseguidos
Art. 22º

Ante métodos de trabajo alternativos que tengan iguales expectativas científicas, elegirá aquel sea menos destructivo para el yacimiento o el resto arqueológico en cuestión.
Art. 23º
a) Todo proyecto de intervención arqueológica que incluya la excavación contemplará la adopción de medidas de protección y conservación de los restos arqueológicos.
b) En todos los casos, el arqueólogo responsable dejará el yacimiento sobre el que ha intervenido debidamente ordenado y previendo su conservación adecuada.
Art. 24º
El/La Arqueólog@ se esforzará por la objetividad en su trabajo y evitará la manipulación de los restos para adecuarlos a sus hipótesis, cuidando de no
deformar los datos ni falsear la edad, procedencia, uso, significado histórico o contexto cultural de cualquier descubrimiento arqueológico.
Art. 25º
El/La Arqueólog@ guardará una documentación precisa y ordenada de todo trabajo arqueológico que realice, garantizando, en la medida de su responsabilidad, su conservación.
Art. 26º
El/La Arqueólog@ actuará con respeto hacia el medio ambiente, procurando que la actividad arqueológica altere en la menor medida posible el ecosistema de la zona.
3. Protección del Patrimonio Arqueológico:
Art. 27º
El/La Arqueólog@ tratará los restos arqueológicos con respeto, evitando cualquier acción que los someta a daño, ridículo o comercialización ilícita.

Art. 28º
El/La Arqueólog@ será responsable de los materiales recuperados en cualquier actividad arqueológica hasta el momento de su ingreso en el centro que la Administración competente determine.
4. Divulgación del Patrimonio Arqueológico:
Art. 29º
a) Es obligación del/la Arqueólog@ divulgar el estado de sus investigaciones con diligencia al resto de los profesionales.
b) Asimismo, la finalidad última de su trabajo ha de ser la difusión de datos, análisis y evidencias históricas entre la sociedad a la que sirve.
Art. 30º
En los casos en los que se vea afectado el medio natural, incluirá en el proyecto inicial una evaluación de los diferentes aspectos del impacto medioambiental, proponiendo las diferentes soluciones previstas.
Art. 31º
El/La Arqueólog@ se abstendrá de adquirir bienes de naturaleza arqueológica que no cuenten con la garantía de proceder de un comercio lícito.

RELACIONES INTERPROFESIONALES:

Art. 32º
a) Tod@ Arqueólog@ deberá contribuir lealmente con sus conocimientos y experiencia al intercambio de información técnica con otros profesionales que puedan intervenir en la actividad arqueológica, al objeto de obtener en todo momento la máxima eficiencia del trabajo conjunto.

b) Así mismo, deberá respetar los derechos intelectuales sobre el trabajo de sus colaboradores.

RELACIONES CON LA SOCIEDAD:

Art. 33º
El/La Arqueólog@ participará en sociedades, fundaciones, instituciones o en cualquier otra actividad colectiva o individual para promover la defensa, el estudio y el desarrollo del Patrimonio Arqueológico.
Art. 34º
El/La Arqueólog@, en el desarrollo de su trabajo y en la medida que no contradiga el presente Código, deberá respetar los usos y costumbres sociales de cualquier comunidad en la que trabaje.
Art. 35º
El/La Arqueólog@ procurará que la salvaguarda del Patrimonio material del pasado, su documentación científica y/o su puesta en valor sirva no sólo para el conocimiento científico sino también para el desarrollo sostenible de la comunidad y para la
potenciación económica de la zona donde se desarrollen los trabajos.
Art. 36º
El/La Arqueólog@ reconocerá su responsabilidad en la formación educativa de l@s ciudadan@s.
Art. 37º
a) El/La Arqueólog@ participará en charlas divulgativas, conferencias y demás actos de carácter público, de manera especial en la zona en la que se ha
desarrollado la actividad arqueológica.
b) Con igual objeto, se procurará, dentro de lo posible, que los yacimientos o reconstrucciones arqueológicas sean accesibles para los discapacitados y, en todos los casos, que éstos puedan acceder a la información.
c) El derecho de visita a los yacimientos debe conciliarse con la obligación de preservación de los mismos, por lo que debe de quedar garantizada su
conservación. En este sentido, deberán realizarse estudios para evaluar el estqado del Bien Patrimonial y un Estudio de Impacto Medioambiental en el que se incluyan las medidas correctoras previstas para garantizar su uso
Art. 38º
El/La Arqueólog@ intentará que las conclusiones de sus trabajos o estudios históricos no sean utilizados con fines políticos, partidistas, discriminantes en razón del sexo, raza o religión, o que atenten contra derechos fundamentales del ser humano.


RELACIONES CON OTROS AGENTES

Art. 39º
Tanto arqueólog@s como promotores, constructores, responsables de explotaciones mineras, ingenieros, arquitectos y demás agentes implicados en obras públicas o privadas que afecten al patrimonio arqueológico deben establecer una estrecha colaboración encaminada a conseguir el rescate y conservación más completos y eficaces de cualquier evidencia de naturaleza arqueológica al amparo de las diferentes legislaciones urbanísticas, medioambientales, de ordenación del territorio o sobre el Patrimonio Cultural de naturaleza internacional, de la Unión Europea,
nacional, autonómica o local.
Art. 40º
Entre las obligaciones de l@s arqueólog@s se encuentran:
a) Instar a la administración, a la mayor brevedad posible, a realizar estudios, prospecciones o cualquier otra intervención de naturaleza arqueológica sobre una zona, susceptible de contener restos arqueológicos, que a su vez esté en proyecto de ser urbanizada o explotada por promotores, constructores o autoridades pertinentes.
b) Optimizar el tiempo de la intervención, en la medida de lo posible, de manera que ninguna de las partes se sienta obstaculizada en su trabajo, informando a las
partes implicadas del tiempo necesario para realizar la documentación y recuperación del hallazgo, así como de los costes que repercuten en los promotores y los diferentes agentes implicados.
c) El/la arqueólog@ responsable de la intervención deberá informar con prontitud sobre los hallazgos realizados durante su intervención, sobre las implicaciones que conlleva, las medidas correctores y preventivas propuestas, etc., y de manera especial cuando la relevancia de los hallazgos pudiera condicionar la modificación del proyecto al implicar la conservación
in situ de los restos. De este modo, el promotor o la administración competente podrá planificar y valorar la viabilidad del proyecto.
d) Colaborar con los promotores en la divulgación de los descubrimientos.
e) Citar e los informes y memorias a las empresas e instituciones que han colaborado o patrocinado las intervenciones arqueológicas.
f) Velar, durante el desarrollo de los trabajos arqueológicos, por el adecuado destino de los restos descubiertos.
Art. 41º
Entre las obligaciones de los promotores, constructores, responsables de explotaciones mineras, ingenieros, arquitectos y demás agentes implicados en obras públicas o privadas que afecten al patrimonio arqueológico se encuentran:
a) Respetar los plazos previos a su intervención para la realización de actuaciones arqueológicas, en cualquier zona susceptible de contener restos arqueológicos.
b) Informar de la aparición de cualquier evidencia de naturaleza arqueológica en la zona donde se encuentre interviniendo, tanto a los profesionales como a la administración competente, de manera que se puedan tomar las medidas precisas.
c) Asumir la financiación de la intervención arqueológica y de las medidas de preservación que deriven de ella. En el caso de no poder asumir dicha carga, podrá solicitar la ayuda de la administración competente o de financiación privada para llevar a cabo el correcto proceso de documentación y conservación.

d) Preservar los restos que, por sus valores propios, de acuerdo con los criterios de la comunidad científica, deben ser conservados in situ. Buscar la mejor manera de integrarlos en el plan final de la obra, conciliando los posibles usos previstos con la revalorización y acceso al público del patrimonio.
e) Contratar al arqueólog@ atendiendo a criterios de calidad del proyecto y solvencia profesional, antes que a criterios estrictamente económicos o de otra naturaleza.

INTRUSISMO:

Art. 42º
Se considerará intrus@ a cualquier persona jurídica o física que, sin reunir las condiciones legales para el ejercicio de la profesión de Arqueólog@, actúe en trabajos propios de ésta.

Epílogo:
Art. 43º
Tod@ Arqueólog@ debe comportarse de acuerdo no sólo con la letra del presente Código, siempre incompleto, sino también con el espíritu que emana del mismo.